La industria de la música está altamente interesada en desarrollar este producto, aunque por el momento está bastante limitado a los mercados de los países desarrollados. El avance más significativo en este terreno lo han dado a fines de 2007 Nokia y Universal Music, a través del proyecto Nokia Comes With Music, que permite el acceso libre a miles de canciones del catálogo de Universal por un año para aquellos consumidores que adquieran un teléfono de Nokia o servicios que consumen se encarezcan por el traslado del canon al precio final del producto. Por otro lado, también entre los dueños de contenidos las aguas están divididas, porque muchos sostienen que la adopción del sistema de “remuneración por copia privada” implica en cierta forma “legitimar” las infracciones de los usuarios.
También hay que mencionar que la implementación de cualquier sistema de “remuneración por copia privada” requiere que legislación de cada país o bien, algún tratado internacional establezca la adopción de un régimen semejante. Esto no es un dato menor, porque en estos procesos de cambios legislativos es frecuente que se afecten intereses de múltiples sectores y ello puede llegar a trabar o demorar el proceso legislativo o multilateral destinado a instaurar el sistema de “remuneración por copia privada”.
Otras alternativas un poco más conservadoras, ligadas a ciertos sectores más ortodoxos, proponen construir nuevos parámetros lega-les sobre los cimientos del antiguo régimen normativo. Entre este grupo existen, por ejemplo, quienes sostienen que la actividad de cada usuario debe estar sometida a un control de legalidad, de forma tal que, si el usuario realiza alguna maniobra en infracción a los Derechos de Autor, reciba una sanción. El gobierno de Nicolás Sarkozy en Francia se pronunció favorablemente con relación a esta última orientación. En diciembre de 2007 anunció el impulso de un proyecto de reforma de la Ley de Derecho de Autor de dicho país promovido por el ministro de cultura, Christine Albanel a través del cual se proponía la creación de una autoridad administrativa independiente que bajo la supervisión del Poder Judicial sancionaría a los internautas que realizaran descargas ilegales. La primera vez que el usuario fuese detectado recibiría una advertencia. La segunda vez, le suspenderían el servicio de conexión por un lapso de entre diez y quince días. Y la tercera vez sería desconectado en forma automática. Este sistema sancionatorio propuesto por Francia ha recibido duras críticas, en especial de parte de algunos sectores que defienden la privacidad en Internet. Los promotores del proyecto contestan a estas críticas que la intervención del Poder Judicial como supervisor de la entidad administrativa a cargo del monitoreo garantizaría el respeto de los derechos y libertades individuales.
Por otro lado, tecnológicamente la propuesta deja algunos agujeros negros, ya que su alcance sería dudoso en supuestos de utilización de conexiones WiFi o de actuación bajo redes privadas del tipo Darknet. Los defensores del proyecto contestan a esta crítica que la intención del proyecto es hacer más difícil las infracciones y no erradicarlas completamente, porque esto último es imposible. Las últimas repercusiones con relación al proyecto promovido por el Presidente Sarkozy que recoge las sugerencias de la Comisión “Olivennes”, y se plasmó en un acuerdo multisectorial- no han sido buenas. En abril de 2008 el Parlamento Europeo emitió una declaración en la cual exhortó a los órganos de gobierno comunitarios a que se abstengan de adoptar medidas conflictivas contrarias a los derechos humanos y a los principios de proporcionalidad, efectividad y disuasión, tales como la interrupción del acceso a Internet de los usuarios.
Esta contundente posición del Parlamento Europeo fue un duro golpe para quienes son partidarios de sistemas sancionatorios de tanto vigor como el propuesto por Sarkozy en Francia. Habrá que esperar un poco más de tiempo para ver si políticamente existe uno algún margen para insistir en la implementación de medidas de semejante índole. Otra variante que se evalúa en torno a este mismo eje referido a la sanción de los usuarios infractores es el incremento de las penas aplicables. Algunos sostienen que el factor disuasivo utilizado en la actualidad mayormente, sanciones económicas es insuficiente, y que por ello se deberían establecer y/o aplicar penas criminales.
Quienes sostienen que la solución está en endurecer el castigo están convencidos de que el agravamiento de las penas haría que los usuarios fueran más temerosos antes de involucrarse en una situación de infracción. En cierto punto esto puede ser verdad, dado que, si el infractor sabe que el mayor castigo que recibirá es una condena a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización, seguramente tendrá mayores motivaciones para cometer el acto ilícito. En cambio, si el sistema le está advirtiendo de que este tipo de conductas puede recibir una sanción criminal ya sea una pena de prisión de cumplimiento efectivo o no, posiblemente el infractor se inhiba de cometer la infracción.
Hay quienes se oponen a estas corrientes “duras”, porque las consideran un exceso. Sin embargo, quienes defienden la idea de aplicar sanciones más severas contra los infractores argumentan que las penas aplicables serían proporcionales a las que se aplican en casos de defraudaciones análogas, tales como podrían ser el fraude informático o la estafa. Según ellos, no existen diferencias entre quien estafa a una anciana y le roba mil Euros y el infractor que se descarga de Internet unos mil Euros en álbumes musicales o películas. En ambos casos la Ley debería aplicar penas similares. En fin, como se puede ver, son múltiples las variantes que están siendo discutidas en la actualidad a la hora de diseñar ese nuevo sistema que permita internalizar las conductas de millones de personas, y al mismo tiempo, no perjudique el progreso cultural. Cuál será el camino que finalmente decidirá recorrer nuestra sociedad, es un interrogante aún sin respuesta. Por ahora, mientras continúa la búsqueda de ese sistema ideal, es importante no perder de vista cuál es el núcleo del problema: el balance entre quienes acceden a la cultura y quienes la producen. Si no existe un incentivo para quienes se dedican a producir nuevas obras culturales, es altamente probable que la producción de nuevas obras decaiga, y con ello la sociedad perderá la posibilidad de gozar de muchas obras culturales.
Belén Stettler, oriunda de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, cuenta con 35 años y es Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A lo largo de sus 13 años de trayectoria en comunicación política, ha trabajado como consultora en Buenos Aires, especializándose en estrategia, investigación y comunicación directa. Ha dirigido equipos de comunicación en diversas campañas. Su experiencia incluye roles importantes en la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de Buenos Aires, la Vicejefatura de Gobierno de Buenos Aires, Claves Creativas, Ford Argentina y AkzoNobel, iniciando su carrera en Grupo Suessa Organización Empresaria.
